El máximo tribunal se tomó dos años desde que el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó en 2019 que el expediente debía tramitarse ante el juzgado que supo estar a cargo de Claudio Bonadio.
Los hechos investigados se remontan a 2007 y están relacionados con la construcción de viviendas a cargo de la Municipalidad del partido bonaerense de Coronel Suárez, que fueron denunciados por el abogado Ricardo Monner Sans.
Se trata de un tramo de una denuncia por supuestas irregularidades en la ejecución del Programa Federal de Construcción de Viviendas y del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, suscriptos por el Ministerio de Planificación con las distintas provincias y municipios “con el objetivo de atender a problemas habitacionales de sectores sociales postergados”.
En el expediente se investigan “el presunto pago de un sobreprecio realizado por el Estado Nacional respecto al monto presupuestado por una cooperativa y la posible gestión del ex intendente de la localidad de Coronel Suárez con el ex ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal en la ejecución de numerosas obras de viviendas que habrían sido construidas con materiales de un corralón que pertenecería al titular del Ministerio y su cónyuge”, explica la denuncia.
El ex juez Bonadio lo envió a la Justicia provincial, que no lo aceptó porque entendió que se trataba de una cuestión federal.
El 5 de noviembre de 2019 Casal dictaminó que “en atención a que se ha denunciado que un ex ministro de la Nación habría participado, en ejercicio de esa función, en presuntos delitos vinculados a la construcción de viviendas en Coronel Suárez, corresponde a la Justicia de excepción continuar con la instrucción de esta causa que se inició en el año 2007”.
“Deberá investigar el presunto pago del sobreprecio en la adjudicación de las obras en territorio bonaerense con motivo de la ejecución del programa, en tanto que ese temperamento es el que mejor se adecua para una mayor eficacia pues previene los inconvenientes que, eventualmente, podrían derivarse de una investigación no integral de todos los aspectos con relevancia jurídica”, añadió.
La Corte, en su último acuerdo, decidió el 28 de octubre pasado que “por los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11”.
El fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti.
De esta manera, casi tres lustros después de su inicio, la denuncia finalmente tiene un juez asignado para investigar si existió o no el delito.
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