Una supuesta estética masculina en el corazón del barrio de Flores terminó siendo el escenario de una investigación judicial tras una denuncia vecinal que alertó sobre la existencia de un prostíbulo encubierto.
El operativo, liderado por la Policía de la Ciudad, destapó el verdadero funcionamiento del local ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 2300, donde se ofrecían servicios sexuales bajo la fachada de tratamientos de belleza.
“Lo que parecía un local de estética era, en realidad, una pantalla. Lo supimos por los ruidos extraños, el movimiento constante de hombres en horarios inusuales y la entrada y salida de mujeres que no parecían empleadas del rubro estético”, relató a este medio el vecino que inició la denuncia, y cuya intervención fue clave para activar el operativo que destapó esta red de prostitución en plena ciudad.
La intervención judicial comenzó en marzo de este año, cuando la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, solicitó a la División Delitos Contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad que llevara a cabo una investigación minuciosa.
A partir de la denuncia inicial del vecino —cansado del flujo constante de hombres que entraban al lugar en horarios que poco tenían que ver con un tratamiento facial o un corte de pelo—, comenzaron las vigilancias encubiertas, entrevistas a residentes y potenciales clientes, y un rastreo detallado de las redes sociales asociadas al establecimiento.
La evidencia fue contundente: perfiles en redes con sugerentes ofertas de “masajes” y “servicios exclusivos para caballeros”, frases codificadas que, para los investigadores, no dejaban lugar a dudas.
La justicia actuó rápido. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo del Dr. Beguelin, otorgó la orden de allanamiento y el operativo se concretó con la colaboración de varias agencias estatales: la Dirección Nacional de Migraciones, el Centro de Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Dentro del local, los agentes encontraron a cuatro mujeres mayores de edad, una de ellas señalada como la responsable del establecimiento. Durante las entrevistas, se confirmó que efectivamente se ofrecían servicios sexuales, confirmando así la hipótesis inicial.
El hallazgo que más conmocionó fue el de dos niños menores de edad, de 11 meses y 8 años, hijos de una de las trabajadoras, que se encontraban dentro del establecimiento en el momento del operativo. Ambos fueron examinados y se constató que estaban en buen estado de salud.
Entre los elementos secuestrados había un celular, un transmisor-receptor portátil, un posnet, preservativos, documentación y una libreta con anotaciones que podrían aportar nuevos indicios a la causa. Todo ello refuerza el carácter sistemático de las actividades que se desarrollaban en el lugar.
Lamentablemente, este no es un hecho aislado. Cada vez es más frecuente que negocios con fachada legal —peluquerías, centros de masajes o incluso gimnasios— oculten actividades vinculadas al comercio sexual.
Este fenómeno, conocido en términos legales como “trata con fines de explotación sexual”, es combatido por la Justicia y por las fuerzas de seguridad con operativos similares, aunque muchas veces las redes logran rearmarse en otras direcciones.
La Dra. Ramírez remarcó que este tipo de delitos vulnera los derechos de las mujeres y muchas veces se enmascaran en estructuras aparentemente legales: “Debemos estar atentos. Las redes de explotación suelen aprovecharse de la necesidad económica y del vacío legal para operar en plena ciudad”.
En lo que va del año, la División de Trata de Personas ha intervenido en más de una decena de casos similares.
Según datos del Ministerio de Seguridad porteño, sólo en 2024 ya se realizaron más de 15 clausuras por este tipo de delitos, la mayoría en barrios densamente poblados como Balvanera, Constitución y, ahora, Flores.
Tras el allanamiento, la encargada del local fue notificada por la Justicia y deberá presentarse ante el juzgado correspondiente.
Las otras tres mujeres, junto a los menores, se retiraron voluntariamente del lugar. Interviene también el Centro de Asistencia a la Víctima, que se encargará de brindar contención psicológica, social y legal a las personas afectadas.
Por su parte, la Agencia Gubernamental de Control procedió de inmediato a la clausura del comercio, que ya había sido denunciado en redes sociales por su “movimiento sospechoso”.
Más allá de la clausura, lo importante ahora será seguir el curso de la investigación: determinar si hay responsables detrás de la fachada, si existió trata de personas o si las mujeres estaban en condiciones de ejercer su voluntad libremente.
En estos casos, distinguir entre prostitución autónoma y explotación sexual es una línea delicada que sólo una investigación judicial puede esclarecer.
Como periodista, me resulta imposible no pensar en cuántos otros locales como este se camuflan tras vidrieras decoradas, ofreciendo un servicio que no figura en ningún cartel.
La historia de este prostíbulo en Flores, desbaratado por la denuncia valiente de un vecino, no es sólo una crónica policial más.
Es un llamado de atención a una sociedad que muchas veces prefiere mirar para otro lado. Y es también una muestra de que, cuando se activan los mecanismos adecuados, el Estado puede y debe intervenir para proteger a los más vulnerables.
