Después de la pandemia el gobierno buscará plantar una nueva bandera en el territorio de la ayuda social. Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quieren reemplazar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por un «ingreso universal». De lo que ha trascendido hasta ahora se desprende que abarcará a los tres millones de hogares más pobres del país y que será complementario de otras medidas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Iniciativas como el ingreso universal o renta mínima garantizada avanzan en el mundo. Con diversos alcances, toda la Unión Europea le brinda a su población más vulnerable algún tipo de bono. De este lado del mundo, países como Estados Unidos, Chile y Brasil aplican ayudas temporales directas en medio de la emergencia. En todos los casos los beneficios no son universales, ya que no están disponibles para todos los ciudadanos, sino solo para los más vulnerables.
El gobierno de Donald Trump instrumentó una ayuda de US$ 1.200 para quienes perdieron ingresos por la pandemia. Llegó a 128 millones de personas, el 40% de la población. Ahora se está definiendo si habrá un segundo bono y cuál será el monto. Un estudio realizado por el Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia indicó que sin ese dinero el nivel de pobreza en Estados Unidos podría aumentar de 12,5% a 16,3%.
También Jair Bolsonaro, pese a sus arengas permanentes en contra de la cuarentena, estableció en Brasil un «coronavoucher» con tres cuotas de US$ 110 para 50 millones de personas, un cuarto de la población de ese país. Ahora se analiza extenderlo con pagos más bajos por al menos dos meses más.
Chile dio un paso más y promulgó una ley que le otorga un Ingreso Familiar de Emergencia a más de dos millones de familias. El bono se moverá entre US$ 80 y US$ 123, según el tamaño de la familia. «Va a complementar los ingresos de todas las familias que lo necesitan, las que tienen trabajadores dependientes o independientes, formales o informales, o las que no tienen ningún trabajador en su seno», señaló el presidente Sebastián Piñera. Los pagos se mantendrán mientras dure la pandemia aunque podrían ir decreciendo en el tiempo.
En Europa el avance más reciente se dio en España. La gestión del Partido Socialista unida a Podemos aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Será un beneficio por tiempo indefinido que llegará a 2,3 millones de habitantes en situación de pobreza severa. Se trata del 5% de la población. Para recibir la ayuda es requisito buscar trabajo. El monto dependerá del número de personas de cada hogar y de los ingresos que tengan e irá de 461 y 1.100 euros al mes. Para cubrirlo destinarán 3.000 millones de euros anuales.
Con esto España sigue los pasos de sus vecinos. Las políticas de transferencias a los sectores vulnerables están presentes en toda la Unión Europea desde hace tres décadas.
Francia cuenta con la Renta de Solidaridad Activa (RSA) que va de 550 a 1.050 euros para familias de cuatro integrantes. Lo pueden solicitar las personas mayores de 18 años con nacionalidad francesa o extranjeros con permiso de residencia.
En Alemania para acceder al subsidio es necesario ser residente y haber trabajado en el país y no contar con recursos suficientes. El importe mínimo es de 430 euros, mientras que para una familia de cuatro roza los 1.200 euros.
El gobierno italiano puso en marcha el año pasado un subsidio de 500 euros al mes para las personas que no tengan ningún tipo de ingresos y de 900 euros para una familia tipo. Aquí la duración máxima del beneficio es de 18 meses.
En Gran Bretaña desde 2013 se avanzó paulatinamente con el crédito universal que puede alcanzar los 1.200 euros mensuales para una familia. Este monto depende del nivel de ingresos y está disponible aún para quienes tengan empleo.
Entre 2016 y 2018 Finlandia hizo un experimento para instaurar un verdadero ingreso universal, que alcance a todos sus ciudadanos. Otorgó 500 euros a 2.000 personas desempleados. La conclusión del estudio fue que no incentiva la búsqueda de empleo, pero sí incrementa la felicidad y el bienestar mental.
La pregunta del millón es cómo se financia esta ayuda. Ante la pandemia la respuesta global ha sido unánime: reasignar partidas y tomar deuda. El FMI pronostica que los países avanzados tendrán una caída del PBI del 8% y un déficit primario de 19%. Para Argentina la proyección es un derrumbe de la actividad de 9,9% y un rojo fiscal del 6%. Así, las cuentas marcan enormes pérdidas para unos y otros. La diferencia es que el resto del mundo puede endeudarse a tasas bajas. Los países vecinos lograron emitir títulos por unos US$ 25.000 millones desde el arranque de la pandemia. Argentina destinó el equivalente al 2% del PBI al IFE y otras medidas para amortiguar el impacto de la cuarentena. Sin chances de endeudarse para cubrirlo solo cuenta con la emisión monetaria, que lleva al Banco Central a volcar a la calle $ 250.000 millones al mes, un cóctel peligroso para la inflación.
